La sociedad civil canaria, por medio de las organizaciones y asociaciones del ámbito social, político, vecinal, familiar, cultural y deportivo, así como personas a título individual aquí firmantes,
SOLICITAMOS LA APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO, CABILDO Y PARLAMENTO DE CANARIAS, LA SIGUIENTE PROPUESTA DE MOCIÓN:
MOTIVACIÓN
En 2011 el Estado legalizó las apuestas online, situación que ha supuesto una proliferación de esta actividad en Canarias, habiéndose abierto 37 locales de apuestas deportivas, 25 en la provincia de Las Palmas y 12 en la de Santa Cruz de Tenerife.
Además, el Gobierno canario aprobó en 2014 un decreto para regular las apuestas en el ámbito deportivo, poniendo como límite un número de 95 licencias para la instalación de locales de apuestas: 44 en Gran Canaria; 24 en Tenerife; 11 en Lanzarote; 10 en Fuerteventura; 4 en La Palma; 1 en El Hierro, y 1 en La Gomera. En la normativa también se incluye que estos locales, así como los bingos o los casinos, deberán estar a una distancia superior a los 50 metros “en línea recta” de centros de enseñanza no universitaria o de atención a menores, mientras que, para los salones recreativos, esa distancia debe ser de más 300 metros. El texto legal prohíbe la participación en las apuestas deportivas a los menores de edad y, para ello, obliga a los locales a tener “un servicio de control de entrada que exigirá la identificación”.
Sin embargo, la permisividad ante esta actividad ha supuesto ya que se haya multiplicado por tres el número de jóvenes ludópatas ‘online’ en 5 años, y que por primera vez en muchos años estemos viendo un aumento de las ludopatías en jóvenes menores de 30 años (publicado en Canarias7 el 29 de octubre de 2019), coincidiendo este auge con las mencionadas fechas de aprobación de esta actividad.
Este gran incremento de los ludópatas en Canarias, especialmente entre los jóvenes, nos lleva a la conclusión de que se ha abierto la puerta a un problema social que antes no existía, y que su regulación actual es insuficiente, además de difícilmente verificable que se cumplan algunas de las condiciones previstas, como el acceso a menores a estas apuestas a través de internet o los locales. Este incremento además se ha visto en un escaso período de tiempo, mientras todavía estamos lejos del límite previsto de las 95 licencias, por lo que todavía existe un margen para que empeore aún más las cifras absolutas de adictos.
Además, nos encontramos con que existe una abundante publicidad de estas apuestas, tanto a través de medios de comunicación como de carteles y vallas publicitarias, que según los expertos sirven para fomentar y normalizar esta adicción, bajando la guardia ante sus riesgos.
Por todo ello, ante la preocupación que nos genera no solo su tendencia de aumento, sino la mera existencia de esta adicción, proponemos la aprobación del siguiente ACUERDO:
1) Que el pleno de esta institución limite y no conceda más licencias de esta actividad en su ámbito territorial.
2) Que inste a que el Parlamento de Canarias modifique el decreto de 2014, rebajando la cantidad de licencias previstas en Canarias desde las 95 hasta las actualmente existentes, con el fin de que no aumente más esta actividad y sus consiguientes repercusiones en el aumento de las ludopatías.
3) Que inste al Parlamento de Canarias a que debata y ponga una fecha de revocación y fin a las licencias concedidas, que no se amplíe la duración de las ya concedidas, así como que no se admitan más licencias a partir de la mencionada fecha.
4) Que se inste al Parlamento de Canarias a que si es necesario eleve dicha problemática a las instancias estatales para que se revise, modifique o revoque la legalización llevada a cabo en 2011, teniendo en cuenta los estudios sobre la incidencia de este nuevo fenómeno en el incremento de las ludopatías y su acceso a través de internet.
5) Que no se concedan espacios publicitarios en los medios de comunicación públicos o privados por tratarse de un problema de salud pública, al igual que ocurre con otros productos adictivos.
6) Que la distancia entre los mencionados locales a los centros de enseñanza no universitaria o de atención a menores se eleve desde los 50 metros a un mínimo de 500 metros.
En Canarias, a 4 de noviembre de 2019
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